La Agencia Tributaria y Pablo Ruz, juez de la Audiencia Nacional, libran una batalla mayúscula a cuenta de la posible imputación del representante legal del Partido Popular por un delito fiscal consistente en el impago de impuestos por la presunta financiación ilegal de este partido.
El último capítulo de la discordia lo firmó ayer la Agencia Tributaria al enviar “por imperativo legal” un informe sobre el posible fraude fiscal del PP. El cálculo de la Agencia Tributaria, hecho siguiendo los criterios fijados por el juez, arroja una cuota impagada de 220.167 euros en 2008, muy por encima del límite para el delito fiscal. El impago corresponde al Impuesto de Sociedades de las donaciones ilegales de ese año (1.055.000 euros, según los papeles de Bárcenas,el extesorero del PP), el único año que no está prescrito para la investigación.
La jefa de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), Margarita García-Valdecasas, dice que el texto se realiza “para evitar posibles responsabilidades penales derivadas del incumplimiento” de la orden de Ruz y sostiene que su criterio es “absolutamente contrario al utilizado en este caso por expreso mandato de la autoridad judicial”. Ese criterio de la Agencia Tributaria consiste en que las donaciones ilegales están exentas de tributación, sean legales o no, siempre que se apliquen a pagar actividades propias de los partidos políticos, cosa que hizo el PP, según Hacienda. García-Valdecasas considera que el cálculo que se ha hecho para determinar el supuesto fraude fiscal del PP “resulta irreal y contrario al principio de verdad material, y contrario al criterio sostenido de forma repetida por la Agencia Tributaria”.El Ministerio de Hacienda difundió ayer un comunicado a modo de argumentario, basado en parte en el informe fiscal y con varias conclusiones de cosecha propia. Hacienda comparaba en ese escrito el impago de impuestos del PP por sus donaciones ilegales con el que pudieran hacer Cáritas o Cruz Roja en caso de recibir “dinero negro” dedicado a “dar de comer a niños”. Ese documento del ministerio circuló entre los periodistas incluso antes de que el juez Ruz tuviera en su despacho la respuesta oficial de la Agencia Tributaria.
Aunque las donaciones ilegales registradas en los papeles de Bárcenas en 2008 sumaban 1.055.000 euros, el perito de la Agencia Tributaria sólo hace su cálculo sobre 888.000 euros, que es la cantidad que el PP dedicó a las obras de reforma de su sede, en la calle de Génova, 13, y que pagó supuestamente con fondos opacos de su caja b. Aplicando el 25% del impuesto de sociedades a esa cantidad y sin incorporar ningún gasto deducible, la cuota a pagar —220.167 euros— está muy por encima del delito fiscal —más de 120.000 euros—.
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